La Generalitat y Renfe Viajeros firman el contrato programa de Rodalies con 1.407,6 millones hasta 2028. Es el primer marco contractual del servicio desde 2011.
Tal y como recoge moncloa.com, la Generalitat y Renfe Viajeros cerraron este martes, 27 de octubre, el contrato programa que ordena la relación entre ambas partes en la red de cercanías catalana. El acuerdo fija una inversión de 1.407,6 millones de euros hasta 2028 y crea una Comisión de Seguimiento paritaria que sustituye al antiguo Órgano Mixto.
El servicio llevaba funcionando desde 2011 sin un contrato propio, apoyado en prórrogas tácitas y en un Plan de Acción que hacía de contrato sin serlo. La disputa llegó a los tribunales cuando Renfe reclamó el pago de las mejoras aplicadas entre 2016 y 2025. El Tribunal Supremo dio la razón a la operadora y atribuyó la factura a la Generalitat, como titular del servicio, hasta que el acuerdo de investidura entre ERC y el Gobierno de 2023 permitió que el Estado asumiera el coste.
La consellera Sílvia Paneque sostiene que el nuevo marco permitirá al Govern llevar a cabo mejor sus competencias sobre un transporte que cada día usan «cientos de miles de personas».
Para el usuario de la red, el cambio más visible está en el reparto anual del gasto. En 2026 el déficit que asumirá la Administración llegará a los 508 millones, una cifra marcada por el accidente de Gelida, que obligó a multiplicar los planes alternativos por carretera. A ello se suman 74 millones por el servicio gratuito entre finales de enero y el 8 de abril. En 2027 y 2028 el gasto previsto ronda los 450 millones por ejercicio.
El material rodante también forma parte del texto. Se consolidan 110 trenes nuevos, de los que 96 fabrica Alstom en Santa Perpètua de Mogoda. El objetivo para los próximos tres años es llegar a 250 trenes para Rodalies, aunque la producción acumula meses de retraso. En personal, la meta es superar los 1.300 maquinistas, frente a los 926 previstos para cerrar 2027, una cifra que puso sobre la mesa el ministro Óscar Puente durante su visita a Cataluña.
Las penalizaciones siguen siendo el punto débil. Renfe puede ser sancionada con hasta 5 millones de euros por incumplir horarios, pero solo cuando el retraso es atribuible a la operadora, y muchas incidencias nacen en la infraestructura que gestiona Adif, que no firma este contrato. El plan alternativo por carretera se activa cuando las afectaciones superan los 90 minutos.
El calendario político también pesa sobre el expediente. A partir de 2029 la negociación deberá hacerse con la sociedad mixta Rodalies de Catalunya SME, y el Govern quiere cerrar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre la cesión de la infraestructura de la línea del Maresme. Para ello falta el visto bueno de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, pendiente desde septiembre. Si se reúne antes de esa fecha, el contrato y el traspaso quedarán blindados.
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