El presidente de la Generalitat no nombrará sustituto a Elena Albalat y asignará sus competencias a la consellera de Justicia, Nuria Martínez. Patronal y sindicatos critican la decisión.
Según publica Las Provincias, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha optado por no designar un nuevo responsable de Servicios Sociales tras la salida de Elena Albalat, que encabeza la lista del PP por Castellón al Congreso. Las competencias pasarán a la consellera de Justicia, Nuria Martínez, en una medida que ha recibido el rechazo casi unánime de la patronal y de los sindicatos.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha mostrado su preocupación y reclama que el área tenga una conselleria propia. Según sus portavoces, son servicios esenciales que deben tener peso político dentro del Consell.
«Los servicios sociales tienen una dimensión, una complejidad y una importancia estratégica que justifican una Conselleria propia, con exclusividad y capacidad».
El sindicato UGT Serveis Públics ha anunciado su rechazo a disolver el departamento y a convertirlo en un simple apéndice de Justicia. Jorge Soriano, del equipo de Servicios Sociales de UGT-SP, advierte de que el relevo deja un problema puntual convertido en estructural, justo cuando el presupuesto se cierra.
Soriano calcula que reordenar las plantillas, sistemas informáticos y el reglamento orgánico de ambas consellerias exigiría, como mínimo, mes y medio. A su juicio, el movimiento lanza además un mensaje inquietante a siete meses de elecciones sobre el modelo de políticas públicas del Consell.
El peso del departamento explica buena parte de las críticas. Servicios Sociales maneja un presupuesto de 2.731,8 millones de euros, frente a los 612 millones de Justicia, y se sitúa como la tercera conselleria en presupuesto, solo por detrás de Sanidad y Educación. Su gestión alcanza a las necesidades del 21% de la población mayor de 65 años, un colectivo que en la Comunitat supera el 1,2 millones de personas, de las que 375.000 tienen más de 80 años.
Hay precedentes, aunque distintos. En la legislatura que arrancó a mediados de 2011, Bienestar Social y Justicia, con Jorge Cabré al frente, manejaba unos 673,45 millones y duró año y medio. Fuentes del propio Consell reconocen que la situación es complicada y un alto cargo vinculado al área califica de «horrible» la imagen del organigrama sin nadie al frente.
Dentro de la conselleria, un funcionario describe un ambiente de saturación y desconcierto, y el personal eventual habla de estado de «shock». Justicia, por su parte, debe asumir ahora expedientes sociales en plena recta final del ejercicio presupuestario. El Consell no ha respondido a la petición de valoración de este periódico, y la transición prevista pretende reducir los efectos del cambio sobre los servicios que reciben los mayores y las personas dependientes.
Viral en la red
También te puede interesar
