La participación de Marta Rovira, consellera comarcal de Esquerra Republicana y concejala de Cultura en Vilassar de Mar, como observadora internacional en las elecciones presidenciales colombianas ha desatado un intenso debate político en el Consell Comarcal del Maresme. La controversia gira en torno a la financiación del viaje, que se estima costará aproximadamente 3.000 euros, y si estos fondos pueden ser cubiertos por la institución.
El origen del conflicto
La discusión comenzó cuando ERC propuso que el Consell Comarcal asumiera los gastos del desplazamiento. Esta propuesta contaba con el apoyo inicial del presidente del organismo, Rafa Navarro. Sin embargo, varios consellers de Junts manifestaron su oposición a utilizar recursos públicos para este fin, argumentando que no era apropiado destinar dinero público en un momento de crisis económica.
El portavoz de VOX, José Casado, planteó interrogantes sobre la legalidad del gasto durante el pleno del Consell Comarcal. Casado destacó que los desplazamientos para observación internacional no están incluidos entre los gastos justificables según las normativas vigentes, que se centran principalmente en material administrativo y servicios profesionales.
“No vemos conveniente malbaratar dinero cuando el Consell Comarcal está en una situación de recesión económica”, afirmó Casado.
A pesar de las críticas, Navarro defendió la participación de Rovira como un acto honorable para la institución y sugirió que el gasto podría encuadrarse dentro de los servicios personales asignados al grupo republicano. No obstante, fuentes internas advirtieron que cualquier desembolso estaría sujeto a fiscalización posterior.
Marta Rovira participará como observadora internacional en Barrancabermeja durante la segunda vuelta electoral programada para el 21 de junio. En este contexto, Rovira explicó que su papel implica supervisar el proceso electoral y asegurar su transparencia ante denuncias previas sobre posibles fraudes.
“La observación internacional es crucial dado el contexto actual”, subrayó Rovira durante una entrevista.
A medida que avanza la controversia sobre quién debe asumir los costos del viaje, VOX ha solicitado mayor transparencia respecto a todos los aspectos relacionados con esta misión. Entre sus demandas se incluye información sobre quién seleccionó a Rovira para participar y cómo se financiarán sus gastos.
Este debate surge en un momento crítico para el Consell Comarcal del Maresme, que enfrenta serias dificultades económicas. Parte del déficit acumulado ha sido abordado mediante incrementos en los convenios con ayuntamientos locales. Además, se han tomado decisiones drásticas como desmantelar el Consorci de Promoció Turística para reducir costos operativos.
A pesar de estas medidas austeras, no se han podido realizar aumentos salariales previstos para los trabajadores debido al déficit persistente. Esto ha llevado a algunos empleados a presentar contenciosos legales contra la administración comarcal.
A medida que continúan las discusiones sobre la financiación del viaje a Colombia y su justificación legal dentro del marco presupuestario del CCM, queda claro que este asunto no solo afecta a Marta Rovira sino también refleja tensiones más amplias dentro del gobierno comarcal. La decisión final dependerá ahora de un informe solicitado por VOX a Intervención sobre si este tipo de gasto puede considerarse subvencionable bajo las normativas actuales.
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