Las siete operadoras de bicisharing confían en revertir la prohibición de Collboni después de los comicios municipales de mayo. Mientras, el Ayuntamiento mantiene que el 1 de enero no habrá bicis compartidas más allá del Bicing.
Las siete empresas de bicicletas compartidas que operan en Barcelona dan por hecho que tendrán que guardar sus vehículos en almacenes a finales de año, pero ya trabajan para volver a operar después de las elecciones municipales de mayo. Su objetivo es lograr un indulto del próximo gobierno municipal que revierta la decisión del alcalde, Jaume Collboni, anunciada el 4 de junio.
El consistorio sostiene que la medida es inalterable: a partir del 1 de enero no habrá bicicletas compartidas en las calles de la ciudad más allá de las del Bicing. El gobierno municipal argumenta que la mayoría de usuarios de estos vehículos son turistas.
El principal argumento de Collboni para prohibir el servicio fue el impacto sobre el espacio público de las bicis mal aparcadas. Según datos municipales, en solo un año y medio el Ayuntamiento impuso 5.413 multas a estos vehículos y la grúa municipal retiró más de 2.000. En julio, la cifra de sanciones rozó el millar.
Las operadoras restan importancia a estos números y los comparan con los más de 3 millones de viajes realizados con estos vehículos en ese periodo. Para corregir las incidencias de estacionamiento, las siete empresas se coordinaron desde finales de 2025 en una patrulla conjunta de vigilancia que reforzaron este verano.
Las compañías que gestionan el servicio son Bird, Bolt, Cooltra, Donkey Republic, Lime, RideMovi y Voi, con un total de 3.478 bicicletas en la ciudad. Aunque colaboran en algunas iniciativas, también marcan distancias. Esta semana, Lime ha planteado un concurso más restrictivo que limite el servicio a dos o tres operadoras.
«Uno de los principales motivos que hace ineficiente el servicio en Barcelona es que haya siete operadores diferentes», defienden el responsable de relaciones institucionales de Lime en Barcelona, Joan Salarich, y la directora de relaciones institucionales de Lime Iberia, Chloe Clavell.
En Lime sostienen que en la ciudad pagan justos por pecadores y que la gestión de algunas empresas menos utilizadas ha penalizado la imagen del resto. La compañía asegura que un 40% de sus usuarios son locales.
La otra vía para revertir la decisión es política. En julio, Junts, Barcelona en Comú, ERC y PP se aliaron para instar al alcalde a replantearse la eliminación del servicio. Entonces tildaron la medida de «irresponsabilidad» contraria a la movilidad sostenible y alertaron de que podría sobrecargar el Bicing, tensionar el metro y el autobús, y favorecer el uso del vehículo privado.
Mientras se resuelve el futuro del servicio, las empresas se preparan para almacenar sus vehículos a partir del 1 de enero. La decisión final dependerá del nuevo gobierno municipal que salga de las urnas en mayo.
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