El Govern de Salvador Illa sigue aplicando el manual de señalización de 2007, que fija el catalán como única lengua en los rótulos de los centros públicos. El Tribunal Supremo ordenó en julio acabar con la exclusión del castellano.
El Tribunal Supremo ordenó el pasado mes de julio a la Generalitat que acabara con la exclusión del castellano en los rótulos de las escuelas públicas catalanas. Tres meses después, el Govern de Salvador Illa no ha movido ficha y sigue aplicando el mismo documento interno que regula la señalización de sus edificios desde hace casi dos décadas.
Se trata del Manual de señalización de espacios interiores, revisado por última vez en 2007, durante el Govern tripartito que presidía José Montilla y que formaban PSC, ERC e ICV. El texto establece que "la lengua utilizada en la señalización es el catalán" y añade que "no se prevé el uso del bilingüismo", según ha podido saber elmundo.es.
El manual solo contempla una excepción: "excepcionalmente, y en casos determinados, se puede utilizar una segunda lengua". En ese supuesto, la norma obliga a colocarla "bajo el catalán y en cursiva", lo que sitúa al castellano en un plano subordinado respecto al idioma autonómico. La Generalitat se ampara en este documento para no cumplir el fallo del Supremo.
La sentencia anuló un apartado del plan de gestión de los centros docentes que el Govern aprobó en julio de 2022. Aquel texto fijaba que la rotulación de los espacios del centro se hacía en catalán, en occitano en el Valle de Arán y en lengua de signos catalana cuando correspondiera, y que la presencia de otras lenguas en paredes y rótulos quedaba circunscrita a las producciones del alumnado.
El alto tribunal respondió así a un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Los magistrados rechazaron el argumento de la Generalitat de que el espacio físico es ajeno a la actividad educativa y concluyeron que "la configuración de las instalaciones de los centros docentes son efectivamente el escenario o el paisaje de la actividad educativa y, por consiguiente, forman parte de la misma".
"No es lo mismo a efectos de la visión de las cosas que se transmite a los alumnos, un espacio físico donde señales y carteles están solo en una o en las dos lenguas de la correspondiente Comunidad Autónoma", señala la sentencia.
El fallo incide en que el castellano es lengua oficial en toda España y no puede ser excluido de las comunicaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. "Los carteles y señales que permiten orientarse en edificios pertenecientes a la Administración -como son, sin duda alguna, las escuelas y los institutos de titularidad pública- constituyen un modo de comunicarse con los particulares que acceden a ellos", argumenta el Supremo.
De ahí que concluya que excluir el castellano de esa señalización no respeta el artículo 3 de la Constitución y puede introducir una diferencia de trato injustificada en materia lingüística, en referencia al artículo 14 de la carta magna. La sentencia deja abierta la puerta a que ese criterio se aplique también a dependencias de otros organismos públicos.
Ante esta situación, Impulso Ciudadano, entidad constitucionalista que lidera el catedrático Rafael Arenas, y la AEB preparan un escrito para reclamar el cambio de la normativa de rotulación de la Generalitat. Ambas entidades consideran que el manual no puede seguir contemplando que la señalización se haga únicamente en catalán.
El conflicto afecta a los carteles que miles de alumnos y familias ven cada día en colegios e institutos públicos de toda Cataluña, desde las aulas hasta los pasillos y las entradas de los centros. La normativa que los regula sigue siendo la misma que hace 19 años, pese al pronunciamiento judicial.
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