Casi 300 residentes de Sant Gervasi-La Bonanova siguen sin poder volver a sus hogares tras el colapso del suelo en una pizzería. Nuevas grietas complican la situación y retrasan las reparaciones.
La situación en Sant Gervasi-La Bonanova se ha vuelto crítica para cerca de 300 vecinos que aún no han podido regresar a sus hogares tras el hundimiento del suelo detrás de la pizzería Verona, ocurrido hace tres semanas. Este incidente, vinculado al avance de la tuneladora de la L9 del metro hacia Lesseps, ha obligado a desalojo de ocho edificios con un total de 93 viviendas. Aunque algunos residentes han comenzado a retornar, otros deberán esperar hasta septiembre debido a nuevas grietas estructurales detectadas en el área.
El colapso inicial se produjo el pasado mes de julio y desde entonces, los esfuerzos por estabilizar la zona han sido constantes. Según Sebastià Massagué, director de los Bombers de Barcelona, un cambio en la evaluación del daño fue reportado recientemente cuando se identificó una nueva grieta en el sótano del número 2 de Rubinstein. Esta situación ha llevado a que las obras se extiendan durante todo agosto, lo que significa que muchos vecinos seguirán fuera de sus casas durante al menos un mes más.
El proceso de retorno ha sido gradual. El pasado 20 de julio, los residentes de los números 56 y 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles pudieron regresar a sus viviendas. Esta semana fue el turno del número 6 en Rubinstein y se espera que los inquilinos del número 54 también puedan volver pronto. Sin embargo, aquellos que residen en los números 2 y 4 de Rubinstein y en los números 3 y 5 de Teodora Lamadrid no tendrán esa misma suerte.
A medida que avanza esta crisis habitacional, las autoridades locales están gestionando indemnizaciones para ayudar a mitigar las pérdidas económicas sufridas por los afectados. Pilar Díaz, delegada del Gobierno en Cataluña, anunció que las primeras compensaciones comenzarán a ser distribuidas entre las familias afectadas (48 hogares) así como entre los comercios cercanos (16) que enfrentan dificultades financieras sin ingresos desde el incidente.
La situación es especialmente complicada para estos negocios ya que deben afrontar facturas recurrentes mientras permanecen cerrados. Además, alrededor de una treintena de inquilinos han solicitado la suspensión temporal del alquiler debido a su incapacidad para habitar sus propiedades.
Este tipo de incidentes no son nuevos en Barcelona; hace unos años un hundimiento similar ocurrió en el barrio del Raval debido a trabajos subterráneos relacionados con la expansión del metro. En aquel caso, las reparaciones tomaron varios meses y generaron un gran malestar entre los residentes afectados.
A medida que se intensifican las obras para reparar el daño causado por este nuevo colapso estructural, los vecinos esperan respuestas claras sobre cuándo podrán regresar. La UTE Mandri es responsable actualmente del túnel L9 y deberá asumir parte de las responsabilidades derivadas por este incidente según lo estipulado por las autoridades locales.
Para aquellos interesados en seguir la evolución del caso o recibir actualizaciones sobre cómo proceder ante esta situación complicada, se recomienda estar atentos a comunicados oficiales emitidos por el Ayuntamiento o visitar su página web donde publicarán información relevante sobre indemnizaciones y procesos administrativos.
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