Un informe revela las consecuencias del rescate de autopistas
La reciente evaluación del Centre d’Innovació en el Transport (Zenit), vinculado a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha puesto sobre la mesa un tema candente: el rescate de las autopistas C-16 y C-32 sud. Este análisis, que se extiende a lo largo de casi 100 páginas, advierte que la resolución anticipada de estas concesiones podría resultar no solo económicamente desastrosa, sino también legalmente arriesgada.
Desde que se eliminaron los peajes en varias autopistas catalanas en septiembre de 2021, como la AP-7 y la C-32 nord, el tráfico ha aumentado considerablemente. En particular, la AP-7 ha visto un incremento del 50% en su uso, lo que ha generado una serie de problemas logísticos y de seguridad vial. La situación se complicó aún más tras un trágico accidente en Rodalies que llevó al Gobierno a suspender temporalmente el peaje en la C-32 sud.
El informe del Zenit estima que liberar estos peajes costaría alrededor de 2.605 millones de euros. Esta cifra incluye indemnizaciones a las concesionarias Aucat y Autema, así como pérdidas fiscales significativas para las administraciones públicas. En total, se prevé que dejarían de ingresar cerca de 1.300 millones de euros, lo cual representa una carga fiscal considerable para la Generalitat.
Aparte del impacto económico directo, los expertos advierten sobre el riesgo legal asociado con esta decisión. Según el Zenit, existe una alta probabilidad de revés judicial si se intenta finalizar anticipadamente los contratos actuales basándose únicamente en argumentos relacionados con la movilidad pública.
A pesar del panorama sombrío presentado por el informe, también se sugieren alternativas más sostenibles. El Zenit propone mejorar otras infraestructuras viales como la C-55 y mantener bonificaciones vigentes para aliviar el tráfico sin incurrir en costos exorbitantes. De hecho, ya se han iniciado estudios para desdoblar esta carretera entre Manresa y Castellbell i el Vilar con un presupuesto estimado de 171 millones de euros.
A medida que avanza este debate crucial sobre las autopistas catalanas, queda claro que cualquier decisión debe ser cuidadosamente considerada no solo desde una perspectiva económica sino también social y legal. La pregunta persiste: ¿es realmente viable liberar los peajes o es mejor buscar soluciones alternativas?
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