Un nuevo marco legal para el tercer sector en Catalunya
En una sesión parlamentaria que quedará marcada en la historia, el Parlament de Catalunya ha aprobado hoy, 20 de mayo de 2026, la ley que regula el tercer sector social. Esta normativa, respaldada por los votos a favor del PSC, Junts, ERC y Comuns, busca reconocer y fortalecer el papel fundamental que desempeñan más de 3.000 organizaciones sin ánimo de lucro en la atención a colectivos vulnerables.
Más de 120.000 trabajadores están involucrados en este sector, que acompaña a aproximadamente dos millones de personas en riesgo o situación de exclusión. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, destacó que esta ley representa un avance significativo hacia un estado del bienestar más justo y equitativo.
La nueva legislación establece un marco claro para las funciones de las entidades del tercer sector y define los instrumentos necesarios para su colaboración con las administraciones públicas. Según Xavier Trabado, presidente de la Taula del Tercer Sector, esta norma permitirá una participación activa en el diseño de políticas sociales: “No hay nadie que pueda decir que no quiere verse con nosotros”, afirmó.
Uno de los aspectos más relevantes es la creación del consejo de diálogo civil, un espacio destinado a facilitar la interlocución entre el Govern y las entidades sociales. Este consejo se convertirá en un punto clave para reflexionar sobre las acciones públicas relacionadas con el bienestar social.
A pesar del entusiasmo generado por la aprobación de esta ley histórica, aún quedan desafíos importantes por abordar. Aunque no se ha determinado una dotación económica específica ni se han regulado los mecanismos para la provisión o gestión de servicios sociales, se han incorporado herramientas destinadas a mejorar la estabilidad financiera del sector.
Jordi Roman, presidente de La Confederació, subrayó que es crucial avanzar hacia condiciones laborales equiparables a las del ámbito público. La cuestión económica será tratada en una futura ley sobre instrumentos para la provisión de servicios sociales que actualmente está siendo tramitada en el Parlament.
La nueva regulación también contempla la creación de un censo público de entidades con el fin de reforzar la transparencia y seguridad jurídica dentro del sector. Una amplia representación organizativa asistió al Parlament para celebrar este logro legislativo considerado histórico.
A medida que se inicia el despliegue práctico de esta ley, las organizaciones esperan ganar estabilidad y sostenibilidad necesarias para mantener sus proyectos vitales. Además, tienen puestas sus esperanzas en otros dos proyectos legislativos relacionados: uno sobre instrumentos para servicios públicos sociales y otro sobre economía social y solidaria.
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