La ley para profesionalizar a 400 altos cargos de la Generalitat encuentra resistencias en el Parlament, tanto en la derecha como en la izquierda. El PPC ya ha presentado una enmienda a la totalidad.
Según recoge Crónica Global, la ley de la Dirección Pública Profesional, con la que el Gobierno quiere profesionalizar a 400 altos cargos, ha recibido ya el rechazo del Partit Popular de Catalunya (PPC), que la ha enmendado en su totalidad. Los Comuns, en la izquierda, tampoco ven el texto con buenos ojos.
El plazo para presentar enmiendas parciales vence este viernes, y fuentes conocedoras de la tramitación apuntan a que la enmienda del PPC podría no ser la única. El proyecto llega así a la Cámara con dudas de dos bloques muy distintos.
El texto impulsado por el PSC fija contratos de siete años, más que una legislatura de cuatro, y añade una prórroga de otros siete años. Un mismo directivo podría estar en el cargo 14 años si cumple sus objetivos.
«No es admisible que no puedas destituir a los responsables políticos de un anterior gobierno», señalan fuentes del PPC.
Los populares defienden que el Ejecutivo debe tener libertad para elegir a sus directivos, porque ocupan un nivel clave para ejecutar su programa de gobierno. Para ellos, limitar ese margen impediría al Gobierno formar su equipo.
La enmienda del PPC también pide que la norma defina con claridad los criterios y requisitos de los órganos que seleccionan a estos cargos, y que el Gobierno no determine su composición. Según el grupo, dejarlo abierto introduce una discrecionalidad que, en sus palabras, desvirtúa el objetivo de la ley.
«No hacerlo introduce un elemento de discrecionalidad muy importante que desvirtúa todo el objetivo del proyecto de ley», explican desde el PPC.
Los populares también rechazan el complemento variable del 15% previsto para los directores gerenciales como incentivo por cumplir objetivos. En su lugar piden estudiar fórmulas más eficaces para mejorar los salarios y atraer talento frente al sector privado.
En el lado izquierdo, los Comuns se resisten a blindar por ley la posición de cerca de medio millar de altos cargos, porque, según su planteamiento, eso supondría renunciar a futuras cuotas de poder. Ese recelo, sumado al del PPC, complica la continuidad del proyecto.
El pleno del Parlament deberá decidir si veta la ley, lo que la cortaría en seco, o si la deja avanzar con enmiendas parciales que moldeen el texto. Esa votación marcará si los cerca de 400 puestos afectados quedan sujetos a este nuevo régimen de contratos.
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