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Badalona defiende su actuación en el desalojo del B9 ante las críticas de la Fiscalía

El Ayuntamiento de Badalona responde con firmeza ante las acusaciones de la Fiscalía sobre el controvertido desalojo del edificio B9, defendiendo su actuación basada en resoluciones judiciales.

Marta Sanz
Marta Sanz
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El Gobierno local responde a las acusaciones

El Ayuntamiento de Badalona ha salido al paso de las recientes afirmaciones de la Fiscalía sobre el desalojo del edificio B9, un tema que ha generado controversia en la comunidad. En una declaración oficial, el consistorio expresó su sorpresa y desacuerdo con las alegaciones presentadas por el Ministerio Público, subrayando que ya existe una resolución judicial que avala su proceder.

Según el Gobierno municipal, la jueza encargada del caso dictó el 20 de febrero de 2026 una resolución que especificaba que la autorización para llevar a cabo el desalojo “no condicionaba” dicha acción a la concesión de alternativas habitacionales para los ocupantes. Esta aclaración es fundamental para entender la postura del Ayuntamiento frente a las críticas recibidas.

El consistorio también hizo hincapié en un informe exhaustivo elaborado por los técnicos de Servicios Sociales municipales, enviado a la jueza el 31 de diciembre. Este documento, que consta de 20 páginas, detalla minuciosamente los antecedentes y eventos ocurridos durante el desalojo. Incluye nombres, fechas y todas las comunicaciones entre el Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya relacionadas con este proceso.

Uno de los puntos más destacados del informe es que se identificaron a 55 personas vulnerables, quienes fueron derivadas a recursos habitacionales adecuados tras el desalojo. El Ayuntamiento asegura haber tomado medidas para garantizar un seguimiento adecuado para todos aquellos ocupantes que lo solicitaron durante y después del proceso.

A pesar de estos esfuerzos documentados, el Gobierno local manifestó su desconcierto ante lo que considera una postura contradictoria por parte de la Fiscalía. Según sus declaraciones, esta actitud parece ignorar tanto los hechos como la documentación presentada en el procedimiento judicial. El consistorio argumenta que esta situación refleja una falta de reconocimiento hacia la realidad acreditada en torno al caso.

A medida que avanza este debate público sobre el desalojo del B9, queda por ver cómo evolucionarán las relaciones entre las instituciones implicadas y si se logrará llegar a un consenso sobre este delicado asunto social. La defensa del Ayuntamiento podría ser clave para esclarecer dudas y mitigar tensiones en Badalona.

Marta Sanz

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Marta Sanz

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