El Tribunal Supremo abordará la capacidad de los municipios para regular salones de juego tras un recurso del Ayuntamiento de El Prat. Esta decisión podría redefinir las competencias locales en materia de apuestas.
La regulación del juego en España se encuentra en un punto crítico, ya que el Tribunal Supremo ha decidido evaluar si los ayuntamientos tienen la autoridad para restringir la apertura de bingos, casinos y otros establecimientos relacionados con las apuestas. Este análisis surge a raíz de un recurso presentado por el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, que busca revertir una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anuló parte de su plan urbanístico destinado a limitar la instalación de nuevos locales dedicados al juego.
Desde hace años, los locales vinculados a juegos de azar han sido objeto de debate social y político, especialmente por su creciente popularidad entre los jóvenes y el riesgo asociado a la adicción. Un informe reciente del Plan Nacional de Drogas reveló que en 2025, el 13% de los estudiantes españoles en secundaria había participado en juegos de azar online, mientras que un 20,9%% lo había hecho presencialmente, a pesar del requisito legal que establece la mayoría de edad para jugar.
En Catalunya, varios municipios han implementado modificaciones urbanísticas para controlar la proliferación de estos negocios tras el impacto negativo observado durante y después del confinamiento por la pandemia. Ciudades como Barcelona, L’Hospitalet, y El Prat han tomado medidas similares. Sin embargo, estas acciones fueron impugnadas por la Patronal del Joc Privat (Patrojoc), argumentando que exceden las competencias municipales ya que el sector está regulado por la Generalitat.
El TSJC ha respaldado hasta ahora las decisiones tomadas por Patrojoc al considerar que las administraciones locales no pueden imponer restricciones adicionales sin invadir competencias autonómicas. La admisión del recurso ante el Supremo abre un debate más amplio sobre cómo se deben gestionar estas regulaciones a nivel estatal.
Las restricciones actuales en Catalunya son significativas: no se permite abrir nuevos salones o bingos si hay otro local autorizado dentro de un radio de 1.000 metros. Además, se prohíbe su instalación cerca de centros educativos o edificios institucionales. Actualmente, hay limitaciones estrictas sobre el número total permitido: 126 salones y 75 salas de bingo están autorizados en toda Catalunya.
Curiosamente, El Prat no cuenta con ningún bingo o casino dentro de su territorio; solo existe un salón ubicado en un centro comercial cercano a Cornellà. Esto ha llevado a Patrojoc a cuestionar la efectividad real del plan urbanístico local al afirmar que “no tiene impacto” práctico.
La evolución del sector también es notable: según datos recientes, entre 2015 y 2024 hubo un crecimiento del 13,3%% en el número total de salones y bingos en Catalunya. Sin embargo, esta cifra contrasta con una media nacional donde este crecimiento fue mucho más significativo (43,9%%). A pesar del aumento moderado en Catalunya, esta comunidad sigue siendo una excepción con respecto al resto del país; ocupa actualmente el último lugar en cuanto al número total por cada 100.000 habitantes.
A medida que avanza este proceso judicial hacia una resolución definitiva por parte del Tribunal Supremo, queda claro que cualquier decisión tendrá repercusiones importantes no solo para El Prat sino para todos los municipios catalanes interesados en regular estos establecimientos. Los ciudadanos deben estar atentos a cómo se desarrollan estos acontecimientos legales ya que podrían influir directamente sobre futuras aperturas o restricciones relacionadas con los juegos y apuestas.
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